Apoyamos las gestiones del sector de tecnologías de información y comunicación ante el uso abusivo de figuras contractuales de contratación administrativa

CAMTIC 170 270CACIA interpuso notas e apoyo a la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), quien presentó recientemente una denuncia ante la Comisión para Promover la Competencia del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) sobre la adjudicación que otorgó el Ministerio de Hacienda a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), sin efectuar el debido proceso de licitación pública  para otorgar el proyecto de factura electrónica.

La denuncia contó con el respaldo de CACIA, ya que mediante una nota a la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, expresamos nuestra preocupación por la desnaturalización de figuras legales de contratación administrativa, en detrimento del interés público o de las necesidades colectivas.

Además, en los próximos días presentará una coadyuvancia a los argumentos que desarrolló CAMTIC ante la Comisión para Promover la Competencia.

CACIA no encuentra explicación que justifique el proceder del Ministerio de Hacienda de reducir la competencia a solo dos oferentes, excluyendo la participación de empresas privadas idóneas (nacionales o foráneas) con capacidad de sobra para someter su experiencia y recursos tecnológicos a disposición del interés público.

La licitación pública es un instrumento de contratación administrativa destinado a promover y estimular la competencia, en el cual participan el mayor número posible de oferentes, con el fin de que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas de donde se puede obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Al ser el sector de la Industria Alimentaria un importante suplidor de las compras que realiza el Estado, solicitamos transparencia y la debida aplicación del derecho público, evitando interpretaciones forzadas que afecten las relaciones de índole contractual.

Los procesos de adquisición de bienes y servicios deben ser garantía para los administrados de eficiencia y protección a sus intereses y derechos, por ese motivo CACIA hace énfasis en que estas prácticas perjudican los intereses públicos de todos los costarricenses y dañan e impiden la sana y leal competencia entre los agentes económicos.


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