CACIA advierte sobre potencial impacto de Proyecto de Ley sobre el Derecho a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

seguridad-alimentariaMediante nota enviada y reuniones con diputados del Congreso, advertimos sobre el contenido del Proyecto de “Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional” (expediente No. 20.076) vincularía una serie de instancias ciudadanas que dificultarán el desarrollo empresarial del país, por lo que debe ser desechado en su totalidad de la Asamblea Legislativa.

CACIA señala que, de aprobarse el proyecto, tendría un impacto negativo en el sector industrial alimentario, principalmente sobre las instituciones nacionales encargadas de garantizar a los costarricenses, alimentos preparados en condiciones óptimas, sanitarias y fitosanitarias (Servicio Nacional de Salud Animal, Ministerio de Salud y Servicio Fitosanitario del Estado)

En la inciativa, la Industrua Alimentaria identificó patrones o modelos que evidencian el desarrollo de ideas “progresistas”, tales como:

  • Colectivización de la producción y empoderamiento de la agricultura familiar, agricultura de subsistencia, en clara oposición al libre comercio y en busca de un estado que se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones.
  • Desmantelar el libre comercio de alimentos, para encausar los sistemas alimentarios hacia una visión proteccionista, comúnmente llamada “soberanía alimentaria”.
  • Posee enfoques políticos desarrollados en los países del ALBA (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Cuba), tales como la llamada “Soberanía Alimentaria”.
  • Crea 81 instancias de poder popular para ejecutar acciones relacionadas con la seguridad alimentaria. En esos consejos tendrían participación, entre otros actores, representantes de la sociedad civil con interés en la seguridad alimentaria y nutricional del cantón, tales como grupos de mujeres, jóvenes, indígenas del cantón y ambientalistas.
  • Contiene normas que debilitan a las instituciones que se encargan de las regulaciones sanitarias y fitosanitarias de los alimentos, como el Ministerio de Salud, SENASA y Servicio Fitosanitario del Estado, transfiriendo poderes en la emisión de políticas públicas a organismos de la llamada Sociedad Civil (Comité Ciudadano de Control de la Seguridad Alimentaria y Nutricional / Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional), conformado por activistas de diferentes agendas e intereses.
  • Da a dicho Comité legitimación para representar los intereses “relacionados con la alimentación de los habitantes…” lo que implica, entre otros riesgos, una restricción a la libertad de comercio y libertad individual, estableciendo, por ejemplo moratorias o vedas de realizar determinadas labores productivas, en terrenos particulares de manera obligatoria, prohibir el consumo o importación de alimentos y productos esenciales para la industria alimentaria nacional.
  • Interviene en la publicidad de los alimentos.

Para CACIA, esta iniciativa, en lugar de empoderar a los productores para que puedan tener posibilidades de producción rentable, propicia el intervencionismo público (popular) en el mercado agroalimentario y, sumado al debilitamiento de las entidades sanitarias y fitosanitarias, impulsa el papel de grupos activistas que en adelante tendrían poder de decisión y gobierno sobre temas medulares para los desarrollos de industrias procesadoras de alimentos, nacionales y foráneas, poniendo en riesgo a los consumidores de cara a una alimentacion segura y nutritiva.


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