CACIA solicita intervención de alto nivel político ante problemática de robo de contenedores y ventas en comercio informal

El pasado 05 de junio, el Vicepresidente de CACIA Juan Ignacio Pérez, en compañía de Francisco Quirós, Director Ejecutivo de la Cámara de Transportistas y Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de CACIA, tuvieron una reunión con Juan Carlos Gómez, Director General de Aduanas y Irving Malespín, Director de la Policía Fiscal.

El encuentro sirvió de base para insistir en la necesidad de una estrategia país que enfrente el incremento en la cantidad de robos a contenedores en carretera, en predios las agencias aduanales y en JAPDEVA, cuyos productos se terminan comercializando en el creciente sector informal de la economía, que según autoridades del MEIC, recientemente pasó de un 42% a un 46% del total de la economía.

En nota enviada este 21 de junio a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, los industriales de alimentos volvieron a plantear la problemática, esta vez solicitando la activación de un programa interinstitucional por los impactos que dicha problemática tiene sobre los ingresos fiscales y la generación de riesgos económicos, sanitarios, ambientales y de toda índole.

A continuación el comunicado de prensa que acompaña esta gestión tan importante de CACIA:

CRECIMIENTO DE SECTOR INFORMAL Y ROBO DE CONTENEDORES INTENSIFICAN CRISIS QUE IMPOSIBILITA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

  • Robos y asaltos a contenedores crecen 44% entre 2018 y 2019, mientras sector informal de la economía pasa de 42% a 46%.
  • En el último año, el valor de las mercaderías robadas se estima en más de ¢24.000 millones de colones con lo que Hacienda dejaría de percibir aproximadamente ¢3.500 millones.
  • Desinterés de autoridades competentes generan incertidumbre en los empresarios formales y paraliza decisiones de inversión.

San José, 24 de junio.  Los empresarios de alimentos y bebidas nuevamente levantan la voz por el crecimiento en la cantidad de asaltos y robos a contenedores que sufre este sector, cuyos productos son posteriormente comercializados en el sector informal que todos los años crece, sin que existan señales claras por parte del Gobierno para atacar sus causas.

Según los datos oficiales del Organismos de Investigación Judicial, entre 2018 y 2019 los casos de asaltos a contenedores con mercaderías se han incrementado en un 44% y acorde a los últimos reportes dados a conocer por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el sector informal de la economía pasó de un 42% a un 46%, visualizando la descomposición social y económica, que termina afectando las posibilidades de crecimiento, en un mercado interno formal cada vez más comprometido.

Durante el último año analizado se han reportado ante las autoridades 150 contenedores robados, pero se estima que estos representan solamente el 30% de los casos reales.  En medio de esta realidad, el golpe del crimen organizado rondaría los ¢24.000 millones, con un golpe al fisco superior a los ¢3.500 millones de colones al año.

En una nota enviada a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, los empresarios manifiestan la necesidad de ejecutar acciones coordinadas entre diversas instituciones como Hacienda, Seguridad, OIJ, Policía Fiscal, Aduanas, Economía y Salud, entre otras, pues los golpes que el hampa está dando, violenta toda la normativa que dichas instancias deben tutelar.  Según Musmanni “muchas acciones delictivas suceden en carretera, pero también en las instalaciones de JAPDEVA, que se encuentran bajo la tutela de las autoridades del Estado, motivo por el cual, preocupa el desinterés con que la mayoría de las instituciones miran este flagelo”.

Los empresarios califican la actuación de la fuerza pública como positiva; no obstante, consideran que el esfuerzo es insuficiente pues la problemática es mucho más compleja.  Es necesario activar los controles municipales; de calidad y protección del consumidor a cargo de Economía; de control sanitario a cargo del Ministerio de Salud, del SENASA y del Servicio Fitosanitario del Estado; de Policía Fiscal por la fuerte evasión tributaria y del sistema carcelario, por la recurrente participación del crimen organizado que no mira gran amenaza en la actual administración de la justicia.

Los empresarios de alimentos son enfáticos al señalar el estado de alarma y crisis en que se encuentra la industria nacional por esta situación y señalan el desinterés e inacción del Estado, como factor fundamental que genera incertidumbre y desaceleración de la inversión capaz de reactivar la economía.


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