CACIA solicita una revisión integral de los requisitos exigidos por SENASA, con énfasis en regencias obligatorias

senasa-170-270El pasado 2 de setiembre, CACIA participó en un taller convocado por MEIC/MAG, solicitado por CACIA desde hace varios meses, para el análisis de excesos regulatorios que suceden en materia de regencias profesionales, requeridas para cubrir aspectos fitosanitarios y de inocuidad en la elaboración de los alimentos. Entre los principales temas abordados por CACIA tenemos: a.- choque de normativas entre la Ley del Colegio de Veterinarios y la Ley de SENASA; b.- Inseguridad jurídica en torno a la figura de regencia profesional y puntos que deben ser mejorados en la reglamentación. c.- Trámites duplicados e innecesarios para la empresa, en cuanto al registro exportador. d.- Plazos excesivos para importar una materia prima de origen animal.

Desde hace varios años, CACIA ha desarrollado una estrategia para eliminar requisitos innecesarios en la industria alimentaria, y una de las áreas que sigue entorpeciendo el desarrollo del sector son las prácticas y regulaciones excesivas en materia de regencias obligatorias.

En este sentido, se señaló que en la industria de alimentos de origen animal se gestionan duplicidades, sobre todo en requisitos de contratación innecesarios debido a los vacíos legales.

“La poca normativa que hay es normativa que está muy dispersa en el tiempo, ya que la Ley del Colegio de Veterinarios es de 1960 y la Ley del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) es del 2006”, explicó Carlos Antillón, Abogado de CACIA.

La Industria Alimentaria no pretende debilitar los controles fitosanitarios existentes, pero insta a que exista mayor certeza en la normativa que se emita y que sea administrada por un órgano sanitario del Estado competente, como SENASA.

En el taller, CACIA destacó los problemas que atraviesa el sector:

• Inseguridad jurídica en torno a la figura de regencia profesional y puntos que deben ser mejorados en la reglamentación. La industria alimentaria propuso unificar los criterios de inscripción sanitaria aplicados de manera equitativa, definir el tipo de regencia, ya sea médico veterinario oficial e inspección, según actividad o proceso y sus responsabilidades. Además, solicita que se respete la figura de profesional idóneo, según el requerimiento del proceso productivo. CACIA considera inaceptable la duplicación de gastos, donde una planta debe tener un médico veterinario oficial, un profesional interno y ser requerida para inspecciones sanitarias.

• Trámites duplicados e innecesarios para la empresa, en cuanto al registro exportador. La industria alimentaria planteó que dos instancias distintas a SENASA no pueden exigirle a una empresa requisitos que en su naturaleza tienen el mismo contenido, uno para la producción local y otro para exportar. Según lo demostró la Industria Alimentaria durante el taller, el trámite para obtener el registro de exportador es un duplicado que pide información que la autoridad tiene en sus oficinas. En este contexto, CACIA propuso eliminar el doble requisito y que SENASA monte un único registro informativo. CACIA indicó que este tipo de trámites regulatorios acosan al sector formal e impulsan el crecimiento de la industria informal. Para ello, el Ministerio de Salud debe dotar de recursos a SENASA para que adopte un único trámite de inspección sanitaria.

• Plazos excesivos para importar una materia prima de origen animal. Otra de las dificultades demostradas por CACIA son los plazos excesivos que sufre la industria para importar una materia prima de origen animal. Añadió que se dura entre 60 y 90 días para registrar una planta y poder importar, y se tienen registros de casos que han durado hasta 12 meses para lograr un permiso de importación. No hay criterios unificados de inspección entre países, por lo que se debe establecer un reglamento armonizado de inspección sanitaria que evite las arbitrariedades.

• Choque de normativas entre la Ley del Colegio de Veterinarios y la Ley de SENASA. CACIA subrayó que la principal función el Colegio de Veterinarios Costarricenses es regular la actividad de sus miembros activos, de ahí que persiste un choque de normativas entre la Ley del Colegio de Veterinarios y la Ley de SENASA.

“Estamos ante una ley establecida hace 51 años que, por la ausencia de un organismo especializado en la materia, le dio facultades al Colegio de Veterinarios para certificar los productos de origen animal y, por otro lado, ante una duplicidad de competencias de SENASA, ente que sí posee las competencias de Autoridad Sanitaria, al exigir certificados veterinarios de operación a los establecimientos que elaboren, importen, desempaquen, vendan productos y subproductos de origen animal”, indicó Antillón.

CACIA insistió en que la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales es la de entes públicos no estatales que fiscalizan el ejercicio legal de la profesión por parte de los agremiados, pero la dirección funcional de las regencias veterinarias debe corresponder a SENASA, por lo que debe ser el único ente especializado de la administración.

Como resultado del taller, el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) recomendó a las partes (CACIA, SENASA y Colegio de Veterinarios) analizar las actuales regencias en aras de que los veterinarios no abarquen áreas que no les corresponden.

Además, se acordó trabajar en un borrador del nuevo reglamento a efectos de definir el rol y las diferentes modalidades de inspecciones veterinarias que se aplican dentro de la industria.

Se espera que en lo que resta del año se pueda avanzar en la definición de las áreas de competencia.

El taller, iniciativa de la Oficina de Mejoras Regulatorias del MEIC, se efectuó en el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y también participaron la Cámara de Comercio, Cámara de Embutidores y Procesadores de Carne y Cámara de Industrias.


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