Frente Amplio y PAC se empeñan en leyes para reducir consumo de alimentos procesados vía impuestos. Nuevo frente de trabajo para CACIA

El pasado 2 de mayo un grupo de diputados del Frente Amplio y Acción Ciudadana incorporaron a la corriente legislativa un proyecto de Ley que propone imponer un paquete de impuestos sobre una lista importante de productos de la Industria Alimentaria.

Se trata del Proyecto de Ley No. 20.365, que pretende desincentivar el consumo de lo que definen como “productos ultra procesados” y así fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social.  Utilizando el mismo enfoque negativo que utilizan actualmente organismos regionales como la OPS y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, los legisladores de ambos partidos introducen una propuesta de normativa que provocaría enorme daño a la industria alimentaria.

El proyecto tiene como fin establecer un impuesto específico a los productos ultra procesados, de 1,5 colones por cada 5 gramos de producto; lo recaudado ingresará a la Caja Única del Estado para luego ser destinado al Régimen del IVM. Los diputados pretenden recaudar Ë40.000 millones de los productos de la Industria Alimentaria.

El impuesto específico recaería sobre productos como: papas fritas en paquete, helados, chocolates y caramelos, panes, bollos, galletas, pasteles y tortas empaquetadas, cereales endulzados para el desayuno, barras energizantes, margarinas, bebidas azucaradas a base de leche, incluido el yogurt para beber de fruta, bebidas y néctares de fruta, bebidas de chocolate y aquellos similares determinados así por el Poder Ejecutivo mediante el decreto correspondiente.

No se encontrarían sujetos al pago de este impuesto los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, los ingredientes culinarios procesados, los alimentos procesados, los productos definidos en la canasta básica alimentaria, la leche maternizada para lactantes y las bebidas envasadas sin contenido alcohólico establecidas en el impuesto específico de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria de 2001 y sus reformas.

CACIA ya inició el proceso de conversación con los congresistas para evitar que este tipo de propuestas progresen. Como el mismo título de dicha iniciativa lo indica, busca reducir el consumo de nuestros productos, lo cual es inaceptable, no solo por las repercusiones económicas y de empleo que la misma tiene, sino porque introduce conceptos científicamente inválidos en torno a la idoneidad nutricional de los alimentos industrializados y las nuevas tecnologías introducidas por la ingeniería alimentaria moderna.


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