Ganamos otro pulso político y jurídico: Nuevo recurso pretendía eliminar el voto de la Sala Constitucional para incrementar el gas de cocina y búnker

Un grupo de diputados amenazó nuevamente con revocar el Decreto Ejecutivo y eliminar el voto de la Sala Constitucional que evitó, hace un año, incrementar el precio del gas de cocina en un 72% y en un 37% el precio del búnker.

Incrementar estos combustibles impactaría negativamente a la Industria Alimentaria tanto en la generación de empleo, como en su productividad y competitividad.

Por esta razón, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), por tercera ocasión, presentó una coadyudancia en contra de dicho recurso para impedir que el modelo tarifario actual sea modificado.

El decreto suscrito por el gobierno y que rige actualmente, ofrece un precio competitivo a las empresas nacionales para operar en mercados cada vez más eficientes e innovadores. En el mercado interno, los productos costarricenses lidian con los importados de países donde sí es permitida, por ejemplo, la explotación y uso del gas natural y, por ende, tienen mejores condiciones de precios.

Desde finales del año 2015 e inicios del 2016, CACIA y diversos sectores productivos, comerciales, proveedores de servicios públicos, de transporte acudieron a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) para señalar los inconvenientes de ajustar la metodología de cálculo de los combustibles, basado en el erróneo concepto de que existe un subsidio de las gasolinas hacia el GLP y búnker, entre otros.

En ese momento, se demostró que los cálculos realizados cargaban costos inflados y que el cambio en la metodología representaba un duro golpe para la industria alimentaria y se logró que el Poder Ejecutivo emitiera un decreto, que fue determinante para que la ARESEP no aplicara el nuevo método.

También en febrero de este año CACIA expuso ante los Magistrados la importancia de mantener en vigencia el Decreto Ejecutivo que evitó la entrada en vigencia de la metodología propuesta por ARESEP ya que, de lo contrario, se le ocasionaría un duro golpe a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), a cientos de hogares costarricenses que cocinan con gas y se perdería competitividad de cara al resto de los países de Centroamérica, donde los hidrocarburos son más baratos.

CACIA insiste que no existe un subsidio y subraya que no es ilegal realizar compras directas de los usuarios en las instalaciones de RECOPE, pues todas las tarifas de los servicios públicos son fijadas por la ARESEP.


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