Logramos evitar nuevo exceso regulatorio en el etiquetado en los alimentos de origen agropecuario

CACIA y un grupo de asociaciones empresariales afines, lograron que la Sala Constitucional declarara con lugar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 9098, para evitar que a todos los alimentos de origen agropecuario se le tuviera que añadir en la etiqueta la fecha de producción o procesamiento en el país de origen.

 

La Sala Constitucional  declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 9098, la cual introducía reformas al artículo 34 de la Ley No. 7472, que es Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  Dicha ley establecía la obligación de consignar en los alimentos de origen agropecuario, la fecha de producción o procesamiento en el país de origen.

 

Los magistrados constitucionales explican en la amplia sentencia de 100 páginas emitida el 18 de mayo pasado, que el término que se utiliza de “trazabilidad” referido en la norma que se impugnada, “no pretende abarcar todas las cadenas de producción o procesamiento del producto agropecuario, salvo el caso de los productos agropecuarios que están regulados en leyes especiales, dados los problemas que trae su indefinición como también su contenido abstracto, de lo contrario sí se constituiría en una barrera irrazonable al comercio, y, al regular todo por igual, rozaría con los criterios de clasificación, pues al hacerlo en forma abstracta, indiscriminada y general para todos los productos agropecuarios impondría la obligación de reflejar el historial de todo producto, fruto o legumbre a partir de su lugar de origen.”

 

Mediante el  recurso presentado ante la sala Constitucional, CACIA explicó  que “trazabilidad” es una herramienta clave para conseguir una mayor inocuidad alimentaria, el cual es un sistema establecido en toda la industria alimentaria que permite seguir el rastro de un producto a lo largo de su etapa de producción, transformación y distribución.

 

Además, CACIA consideró que en los términos en que se introdujo la reforma a la Ley 9098, se dejaba en evidencia el exceso de requerimientos de etiquetado en nuestro país, la cual acorralaba a los micro y pequeños proveedores de alimentos, exigiendo rotulaciones en sus productos, muchas veces superiores a las existentes en países de primer mundo, constituyendo barreras a la libertad de comercio y empresa.

 

El recurso presentado hizo ver a los magistrados que desde antes de la modificación del artículo 34 de la Ley No. 7472, los intereses económicos y sociales de los consumidores estaban ya debidamente protegidos en los términos establecidos en dicha Ley, aplicándose supletoriamente las normas civiles, mercantiles, sanitarias y nutricionales que regulan el comercio local y exterior, como el régimen de autorización de cada producto.

 

“La mezcla de un mal entendido espíritu nacionalista, con desconocimiento de normativas sobre trazabilidad, etiquetados de alimentos, como también desatender las recomendaciones de los ministerios rectores de la materia, están provocando que prácticamente cada verdura, hortaliza, fruta y grano que se comercializa en el país debe llevar fecha de siembra, cosecha, almacenamiento, transporte y hasta caducidad”, consigna el voto 6728-2016 de las 09:05 horas del 18 de mayo de 2016.


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