Nos opusimos al incremento artificial en el precio de los combustibles y se minimiza impacto

A raíz del trámite de la nueva ley 9840, llamada “LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DURANTE LA EMERGENCIA POR LA ENFERMEDAD COVID-19”, la Cámara de la Industria Alimentaria (CACIA) expresó a los diputados justificada inconformidad por el enfoque que se dio al tema desde la Asamblea Legislativa.

La norma lo que hace es congelar al alza los precios de las gasolinas y diésel para que el dinero que los consumidores paguen de más, sea destinado al bono solidario, a manera de subsidio para quienes estén en desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales.

CACIA manifestó lo inconveniente que resulta desde la perspectiva meramente económica no reducir los precios de los combustibles, en épocas en las que el mercado internacional si lo hace, lo que produce una distorsión altamente dañina en el aparato productivo, exclusivamente en el sector nacional.

El efecto de esta nueva legislación radica en que, la producción importada automáticamente sea relativamente más barata que la nacional, por lo que la medida implica una transferencia inmediata de la competitividad nacional hacia el producto importado.

Igual impacto recibe el sector exportador, que ahora producirá una oferta exportable relativamente más cara que la externa. No reducir el precio de los combustibles, cuando el mercado internacional así lo exige y mantener el precio interno del combustible artificialmente alto, es el equivalente a un impuesto, en este caso oculto detrás de una intención que pareciera loable. No obstante, los diputados debieron tener claridad de que este impuesto será pagado solamente por el sector productivo nacional y por lo miles de trabajadores que se desplazan a los centros de trabajo.

La ley también plantea un tema de golpea la seguridad jurídica del aparato productivo, pues deja a discreción del Poder Ejecutivo la finalización de los efectos de la nueva norma y su condicionamiento al cese de los efectos del decreto declaratoria de emergencia.

CACIA fue enfática en ratificar ante los diputados, que no es tiempo de hablar de impuestos ni de medidas que afecten los presupuestos familiares, la competitividad del país, ni los costos de operación del aparato productivo.


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