Seguimos en contra de la práctica del bandeo del arroz por efectos a la industria alimentaria nacional

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) hizo pública su frustración y perplejidad ante Victoria Hernández, ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por la emisión del decreto N° 42324-MEIC denominado “SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 38884-MEIC DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 POR LOS EFECTOS DEL COVID-19”.

Cuando a una bolsa de arroz -producto de canasta básica con precio regulado- se le adjunta con una cinta adhesiva o de manera virtual otro producto, se está ejecutando el “bandeo de arroz”Esa práctica ejercida en comercios de manera pública, notoria y cada vez con métodos más ingeniosos, es un asunto relevante para el sector industrial alimentario costarricense, ya que esto ha tenido implicaciones negativas en la venta de productos como sirope, leche, aceite, hongos, café, frijoles, bebidas en polvo, pasta, etc., que son regalados junto al arroz, destruyendo el valor agregado nacional de nuestro sector, toda vez que también se hace con productos alimenticios importados.

Si bien la acción no es penada por ley, existe prohibición de hacerla por la distorsión que produce, afectando al empresario nacional que ve como se regala arroz importado en las bolsas de arroz.  A raíz de la emergencia del COVID-19 el MEIC dejó sin efecto y de manera indefinida, la prohibición de esa mala práctica comercial que tiende a evadir o burlar la referida fijación de precios del arroz.

Por la forma y por el fondo, CACIA le cuestiona al MEIC la manera en que se ha dejado en estado de “suspensión”, la vigencia del artículo 10 del decreto 38884-MEIC del año 2015 que prohíbe la práctica del bandeo en el arroz.  Es amplia la correspondencia enviada por años desde CACIA hacia el MEIC, en la cual se ha solicitado al ministerio una efectiva verificación de mercado, en aras de detener la práctica de adherir regalías a las bolsas de arroz.

En esta ocasión la Administración Alvarado Quesada -ya sea de manera consciente o fruto de la impericia- lesiona a la industria alimentaria costarricense, ya que las regalías que ahora patrocina el gobierno en el arroz, se hacen habitualmente con productos importados que no generan empleos en Costa Rica, son recursos que no regresan a la economía nacional, no le representa aportes de la Seguridad Social y se crea una distorsión en la transparencia del mercado, que lesiona la libre competencia en detrimento del productor nacional.

Como si los débiles controles del MEIC para frenar técnicas de distorsión del mercado de consumo, no fueran un problema, ahora se ejecuta una expresa renuncia a la verificación de mercados, lo que propagará irónicamente como virus, la competencia desleal con actos que retuercen la transparencia del mercado.

Finalmente, y sumado a todo lo anterior, CACIA también posee dudas sobre la forma en que se ha materializado el decreto de “suspensión” y estima que difícilmente resistiría un filtro de legalidad o constitucionalidad. La Potestad Reglamentaria se encuentra sometida a la Ley y por supuesto a la Constitución Política. Los decretos ejecutivos como actos de alcance general, se emiten, se modifican o se derogan.

Carlos Antillón, abogado de CACIA considera atípica la técnica utilizada por el MEIC en la emisión del referido decreto de suspensión del artículo 10 del Decreto Ejecutivo Nº 38884-MEIC, por el periodo que dure el estado de emergencia nacional, alegando motivos de conveniencia y oportunidad.

CACIA estima que el acto administrativo reflejado en el decreto N° 42324-MEIC, no es sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por lo anterior, solicita la inmediata intervención del MEIC, en aras de desestimular y detener prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia.

Desde CACIA, daremos seguimiento a las acciones que ejecute el MEIC. 


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