Después de muchos años de presión y cabildeo político por parte de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, al final de la administración anterior se firmó el primer Decreto que delineó una política nacional en el campo de la Inocuidad Alimentaria.

Con la implementación de políticas de prevención en esta materia, y una adecuada vigilancia del mercado, se pretende reducir o minimizar costos en el área de salud derivados de la atención de pacientes afectados por productos en mal estado, evitar o reducir pérdidas económicas por cierre de mercados o devoluciones de productos y evitar muertes en la población.

En el caso de la industria alimentaria, la atención se centra en lo que se definió como los principios de una Política Nacional de la Inocuidad de los Alimentos:

1. Respetar y promocionar el derecho a la protección de la salud, a una alimentación inocua y saludable.
2. Garantizar la transparencia, la participación y objetividad en las decisiones sobre inocuidad de los alimentos.
3. Estricto cumplimiento de la regulación nacional y obligaciones internacionales respecto a los alimentos.
4. Marco regulatorio eficiente que no establezca duplicidades, requisitos innecesarios y delimite el rol de cada institución competente en inocuidad de los alimentos.
5. Coordinación interinstitucional en las acciones de investigación, información y fiscalización del mercado.
6. Propiciar y fortalecer los mecanismos de autocontrol para la inocuidad de los alimentos.

En este sentido, se dan los primeros pasos institucionales para que la Cámara pueda canalizar políticamente la atención de dos temas que son fundamentales en materia de competitividad:

A. Marco regulatorio ágil, eficiente y efectivo que elimine costos y trámites excesivos, duplicidad de competencias y rectorías y pago innecesario de servicios.

B. Implementación de políticas de control y verificación del mercado, focalizado en el sector informal.