CACIA señala impacto devastador en micro y pequeña empresa debido a la incertidumbre jurídica en procesos tributarios

CACIA ha catalogado como un duro golpe a la micro y pequeña industria, así como una fuente de incertidumbre jurídica para la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes, el paquete de proyectos de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo en materia tributaria ante el Congreso de la República.

Del total de industrias alimentarias formalmente registradas, el 55% son unidades productivas con menos de 5 trabajadores. Este sector, que es un motor de la economía en términos de desarrollo social y económico, sufriría un impacto demasiado fuerte al pretender elevar su contribución fiscal al 30%. Esta propuesta no es coherente con la visión de desarrollo empresarial que la administración había propuesto hasta ahora.

“En ninguna parte del mundo se conoce una experiencia de desarrollo empresarial en la cual la micro y pequeña industria encuentre un espacio de crecimiento con una estrategia tributaria tan desfavorable”, afirmó Juan Ignacio Pérez, presidente de los industriales de alimentos y bebidas de Costa Rica.

Según el representante de la industria alimentaria, otro factor de preocupación es que el gobierno esté cometiendo el mismo error que administraciones pasadas al generar inestabilidad e incertidumbre en el entorno y el clima regulatorio tributario del país. Algunas de las propuestas presentes en estas iniciativas refuerzan la percepción, tanto a nivel local como internacional, de que Costa Rica es un país donde no se sabe qué sucederá a largo plazo.

Para los empresarios de CACIA, la incertidumbre y la inestabilidad en los procedimientos tributarios son señales muy negativas para aquellos que desean invertir en pequeños emprendimientos o grandes proyectos empresariales.

Uno de los proyectos planteados implica el desconocimiento del debido proceso o la mediación de un juez autorizado, entre otros ejemplos, lo cual convertiría el marco regulatorio en una fuente de conflictos y judicialización de procesos.

“En CACIA, echamos de menos la determinación con la que el gobierno comenzó su gestión al enviar señales sobre temas como el sistema de pensiones mal diseñado que carga sobre el presupuesto nacional, las transferencias sin rendición de cuentas ni indicadores de desempeño o rentabilidad económica y social, las ineficiencias fiscales generadas por un sistema de empleo público que requiere una reestructuración más profunda, la eliminación de duplicidades e instituciones que ya han cumplido su ciclo de creación de valor, y la transformación de todo el gasto inmobiliario desarrollado por el Poder Ejecutivo, entre muchas otras variables. Es hora de convertir las señales en acciones y llevarlas a cabo”, aseguró Pérez.

Los empresarios hacen un llamado al Poder Ejecutivo y a los diputados para que las iniciativas de política se enfoquen en la creación de incentivos, la eliminación de ineficiencias y una verdadera reforma estructural del Estado. Esta última es la única manera de lograr estabilidad fiscal para el Estado, las empresas y los ciudadanos que lo financian.