Industria Alimentaria envía solicitudes concretas a la Asamblea Legislativa
En materia legislativa, los industriales de alimentos envían señales de alerta a los diputados, a quienes solicitan centrar la energía de este año electoral en temas clave para la competitividad y las posibilidades de generar empleo, por lo que solicitan la aprobación urgente de iniciativas de ley como:
- Aprobación del proyecto de jornadas excepcionales 4×3
- Apertura del monopolio del alcohol, que permita a las industrias abastecerse de manera directa con la producción nacional y de los mercados internacionales.
- Revisión y mejora de la Ley de modernización del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), recientemente debilitada a partir de un fallo de la Sala Constitucional que no permite la aplicación de esquemas modernos y eficientes de contratación.
- Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional es una oportunidad país para mejorar eficiencia, lograr nuevos esquemas de negocios entre agentes para la prestación del servicio de electricidad, mayor competencia en el sector eléctrico y mejorar las tarifas.
Por su parte, señalan también las iniciativas de ley que representan serias amenazas a la seguridad jurídica de la industria alimentaria y solicitan su no aprobación:
- Expediente 24.509 busca declarar las botellas plásticas como residuos de manejo especial, pese a que la Ley No9786 para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, aprobada en 2019 genera el mismo impacto, pero aún no ha sido reglamentada.
- La iniciativa de economía circular bajo el expediente N ° 23.847 en un proyecto en que el MEIC, PROCOMER, HACIENDA, MINAE y la Contraloría General de la República expresaron dudas que no son atendidas en el texto final, corriendo en riesgo de incurrir en paralelismos y contradicciones con la actual Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley 8839. La Contraloría alertó que el proyecto vendría a agrandar la ya compleja realidad del sector público, en especial en cuanto a sus distintas rectorías sobre las actividades privadas, siempre en contraste con los beneficios a obtener. Incluso el órgano contralor, alertó que hay una gran cantidad de esfuerzos ya en ejecución o así consignados en el ordenamiento jurídico, con importantes problemas de operación. Es una iniciativa que crea mayor burocracia y sin mayores impactos sobre las posibilidades de incentivar nuevas industrias generadoras de empleo dentro de la lógica de economía circular.
- El proyecto N.° 24.588, “Ley Marco de Cambio Climático” también es una clara muestra de intentos de sobrerregulación, ya que el proyecto pretende institucionalizar una enorme y costosa estructura burocrática, haciendo uso de ministerios e instituciones claves para gestionar las actividades productivas del país. El abordaje del articulado, es abstracto, lo cual hace que lo pretendido sea poco viable. El proyecto está construido con abstracciones que jurídicamente no aportan ninguna claridad, y lo que se supone debería ser una norma emitida desde una clara técnica legislativa, puede terminar hundiendo a la propia Administración y al sector privado en un mar de inseguridad jurídica.
“Todos los actores sociales debemos abandonar la conflictividad política sobre temas irrelevantes y enfocarnos en los asuntos de verdad, aprovechando el momento de oportunidad que ofrece la economía, por lo que debemos priorizar energía de todo el país en los temas relevantes. 2025 es un año político, tradicionalmente cargado de iniciativas legislativas caracterizadas por su alto aporte a la inseguridad jurídica y su acoso regulatorio al sector generador de empleo, por lo que se hace un llamado a los legisladores para avanzar solamente en las iniciativas generadoras de valor”, acotó Juan Ignacio Pérez, presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria (CACIA).